Ministerio Público apelará la decisión sobre el mayor Rogers

SANTO DOMINGO. El Ministerio Público informó ayer que apelará la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que descargó al mayor del Ejército Elvin Roberto Rodgers Rodríguez, acusado de proporcionar las armas de fuego utilizadas en los asaltos cometidos por la banda criminal dirigida por el fallecido John Emilio Percival Matos.

Así el órgano acusador rechaza la decisión porque existe contradicción e ilogicidad en la valoración que hizo el tribunal en cuanto a las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el desarrollo del proceso en contra del acusado.

Además, indicó que la calidad habilitante del funcionario del Ministerio Público, cuestionada por la barra defensora y acogida por el tribunal, está amparada en el artículo 24 de Ley Orgánica 133-11 del Ministerio Público que, entre otras cosas, establece que los miembros del Ministerio Público pueden impartir órdenes e instrucciones

a la policía u otros órganos de investigación, quienes deben cumplirlas sin poder calificar su fundamento, oportunidad o legalidad.

Señala que en las motivaciones de la sentencia también se tomaron en cuenta los argumentos establecidos por los abogados de la defensa, quienes alegaron que no le fue presentada ni notificada la orden de allanamiento a su cliente, cuando el Ministerio Público sí cumplió con el debido proceso, conforme lo establece la norma, procediendo a presentarle dicha orden.

La procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, señaló que hubo una aplicación errónea de la ley respecto al fallo de absolución dictado a favor del mayor del Ejército, por las referidas contradicciones en la valoración que hizo el tribunal de las pruebas presentadas en contra del encartado.

Recordó que en el allanamiento ejecutado en la vivienda del acusado, en virtud de la orden judicial No. 0002-2017, se ocuparon diez tipos de armas de fuego, de las cuales Rodgers Rodríguez solo tenía asignada la del Ejército mientras que de las demás no tenía ningún tipo de documentación en franca violación a los artículos 66 y 67 de la nueva Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.